¿POR QUÉ UN GREMIO DE ARQUITECTOS EN VENEZUELA? V. Sánchez Taffur. Venezuela

 

Algunas reflexiones a más de seis décadas del manifiesto fundacional de la profesión.

Venezuela atraviesa por momentos difíciles, producto de sectorizaciones que caracterizan a nuestra sociedad. Hay una división o una fractura que tiene que ver con las clases sociales, las tendencias políticas e ideológicas y, entre otros tantos, con los intereses de los gremios.

Hoy en día, hasta la ciudad se encuentra fragmentada y cada espacio público está marcado por diferentes tipos de usuarios según el estatus y el sector donde se desenvuelven. En relación a este fenómeno, el individualismo pareciera ser una conducta que cada día se acentúa más en nuestro país. El tema se presenta muy complejo y tiene que ver directamente con un fenómeno social que tiene años en crecimiento.

La difícil “agrupación” de los arquitectos en torno a un objetivo común o proyecto colectivo tampoco es nada nuevo. Los profesionales de la arquitectura no estamos ajenos al entorno y quizá sí muy arraigados a un modo de vida poco comunitario y, en general, a una actitud personalista. Este aislamiento voluntario o involuntario ha hecho que se manifieste, en algunos colegas, una  gran frustración e impotencia frente a la cotidianidad y a un mundo que funciona de manera distinta.

Es un hecho que existe poca participación y aporte colectivo a la disciplina, tanto de jóvenes como de arquitectos experimentados. Es también paradójico que dediquemos mayor cantidad de tiempo a conversar sobre los aspectos negativos, haciendo crítica destructiva, que a fortalecernos gracias a lo poco que logramos generar con buen nivel. Nos encontramos frente a  una realidad donde las innumerables necesidades económicas y la poca estabilidad del país han obligado al profesional a cambiar de área o sino a centrar su esfuerzo y su tiempo en lo prioritario: producir el día a día para subsistir.

Sin embargo, cada día está más claro que actuar de forma individual o en reducidos grupos no nos ha permitido siquiera opinar con fuerza sobre aspectos significativos de la ciudad, interceder ante la demolición o alteración de obras emblemáticas, exigir condiciones mínimas de contratación, protestar veredictos e incumplimiento de concursos o, como consecuencia directa, no contar con una institución gremial nutrida y sólida que nos represente. Todos estos, aspectos de innegable interés colectivo.

Si revisamos hacia atrás, a lo largo de nuestra historia profesional, nos encontraríamos con una serie de intentos fugaces o intermitentes de organización gremial que se han desmoronado unos más rápido que otros. No importan los cabecillas, la intensidad, la profundidad o el acierto en los planteamientos, los arquitectos no conseguimos ceder ni agruparnos y, por ende, en lo referido al gremio profesional no ha habido continuidad ni logros en el tiempo. Sí han habido intentos, basta con remontarnos al documento del acta constitutiva que daba inicio a la Sociedad Venezolana de Arquitectos en el año 1945 para percatarnos de lo visionaria, clara, sensata y directa que era la propuesta sobre lo que debía ser la institución que velara por la profesión en el país.

El enunciado de este documento rezaba lo siguiente: “En Caracas, a los cuatro días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos en el edificio del Colegio de Ingenieros de Venezuela, los abajo firmantes fundamos la Sociedad Venezolana de Arquitectos, cuyos fines serán: dar impulso al estudio y desarrollo de la Arquitectura, cultivar la ética profesional, establecer vínculos de unión entre sus miembros y propender a la defensa del mejoramiento de la profesión”.

Los “abajo firmantes” estaban encabezados por el maestro Carlos Raúl Villanueva quien, a su vez, se encontraba acompañado por los no menos conocidos Rafael Bergamín, Heriberto González Méndez, Roberto Henríquez, Luis Eduardo Chataing, Cipriano Domínguez y Enrique García Maldonado. Luego de la fundación de la sociedad se unirían Gustavo Guinand, Pardo Soublette, Mujica Millán, Seijas Cook y Gustavo Wallis. Posterior a esta declaración y sin perder tiempo, este grupo de entusiastas colegas, establecerían legalmente la sociedad el día 15 de abril de 1946 y se nombraría la primera Junta Directiva 1946-47, integrada por: Presidente: Carlos Raúl Villanueva, Vicepresidente: Luis Eduardo Chataing, Secretario: Heriberto González Méndez.

Durante el tiempo que esta agrupación se mantuvo cohesionada los aportes fueron innegables: ofrecieron servicios de asesoría a las autoridades municipales y nacionales, aportaron en la creación de la Escuela de Arquitectura (dependiente todavía de la Facultad de Ingeniería de la UCV), promovieron la primera participación y primera sede en Caracas del Congreso Panamericano de Arquitectura, dieron inicio a la publicación de la revista de la SVA y finalmente concretaron la creación de la Dirección Nacional de Planificación. Según relato del propio Heriberto González Méndez, todo esto se llevó a cabo con mucho entusiasmo y pocas personas, tanto dentro (representantes de la SVA) como afuera (miembros).

Al hacer un balance sobre la labor de las diferentes directivas, del que conocemos hoy como Colegio de Arquitectos de Venezuela (antes SVA), notamos como por una o por otra razón no le ha sido nada fácil, por no decir imposible, mantener este manifiesto fundacional en el tiempo.

A más de seis décadas de la gestación de esta primera iniciativa gremial, posiblemente hoy mucho más necesaria que en otros tiempos, los arquitectos seguimos negados a reunirnos, a salir de nuestras oficinas y universidades y a entender las potencialidades de actuar colectivamente. Para este momento, por ejemplo, no contamos todavía con algo fundamental como lo es nuestra propia Ley de Ejercicio; un soporte legal que ampararía realmente nuestra disciplina y nos conllevaría, además, a la independencia económica, uno de los tantos motivos por los que al Colegio de Arquitectos de Venezuela se le ha hecho históricamente cuesta arriba cubrir las expectativas de un agremiado “bastardo”, disperso y desamparado.

Los cambios severos en las dinámicas de la política en nuestro país demandan reflexión pero  también reacción, compromiso y acuerdos. Ante un ejercicio de la profesión de la Arquitectura menospreciado por la gran mayoría del país, desde el ciudadano común y la empresa privada hasta los altos mandos del gobierno nacional, es necesaria la revisión inmediata de nuestra situación profesional con miras a futuro.

Existen varios aspectos fundamentales dentro de este inventario de temas colectivos que los arquitectos debemos conocer para poder involucrarnos y colaborar, tanto los que están por graduarse como los que llevan años ejerciendo. El primero tiene que ver con participar activamente en la construcción de un colegio profesional que facilite la reunión del gremio, que aporte y se nutra de la academia, las instituciones y la empresa pública y privada. Las bienales de arquitectura, los cursos de mejoramiento profesional, los eventos, las exposiciones, la publicación de revistas y sobre todo el reconocimiento a la arquitectura nacional de mejor nivel, podrían ser producto de esta participación y colaboración de todos los sectores de la disciplina.

El segundo tema, que no tiene ningún sentido si el anterior no se logra, es exigir y apoyar una propuesta de nueva ley que regule, norme y reconozca el ejercicio profesional de la Arquitectura como disciplina independiente (al tiempo que se sigue de cerca el proyecto de reforma de la ley que está planteado). Es posible que nuestra histórica inacción tenga que ver con este planteamiento: “sin una ley independiente, el gremio no tendrá peso legal y no se reunirá” y por otro lado, “si el gremio no se agrupa, nunca seremos suficientes para solicitar una nueva ley”. Nos toca a nosotros decidir cuál es el camino bajo las condiciones que tenemos. El hecho de ejercer bajo el yugo del Colegio de Ingenieros implica dependencias de todo tipo pero sobre todo fomentar un desconocimiento nacional de lo implica la profesión del arquitecto.

Hoy en día, se torna necesario que los arquitectos, a través de su colegio profesional, propongan y generen mecanismos de autorregulación de la profesión y velen por el cumplimiento en los niveles de exigencia, de competencia y de calidad de la producción arquitectónica nacional. Es decir, se necesita el intercambio de opiniones, de experiencias y la fuerza para exigir al Estado el amparo necesario para el ejercicio digno de la profesión.

Una agrupación profesional, además, requiere participación para elegir a los que serán las autoridades de su colegio profesional y exigirles que los representen y les ofrezcan un respaldo políticamente independiente pero apegado a la ética, los valores en función del mejoramiento profesional. En resumen de cuentas, necesitamos existir legalmente como colectivo y no ser sólo una denominación virtual. Cada profesional tendría el deber de participar y aportar, intelectual y económicamente para obtener servicios y respaldo. De eso se trata, de que pueda existir un intercambio democrático entre los derechos exigidos y los beneficios producto de la agrupación gremial.

Es posible que se acerque el momento de evaluar si el problema es sólo de la dirigencia o también del militante y en consecuencia del partido. Quizá, el de Villanueva y su equipo fue un gran momento para trabajar por el reconocimiento legal y cultural de la profesión, para sentar las raíces de un gremio fuerte y trascendente, sin embargo no se hizo, o no se pudo. Para Venezuela, con toda seguridad hubo momentos menos complicados que el actual y, seguramente hoy, nos tocará cargar con todo el peso acumulado de los que hicieron y no pudieron, los que lo hicieron mal o los que simplemente nunca quisieron hacerlo.

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